El impuesto al carbono: jaque mate a la industria Carbonífera.

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No hay que olvidar que la industria del carbón genera 35 mil empleos legales directos y 125 mil indirectos.

Daniela Vergel Riascos

En reciente entrevista para la Revista Portafolio, el Presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán, afirmó que “los tiempos dorados del carbón térmico como fuente de riqueza son cada vez más limitados, muy retadores en el presente y enfrentan grandes retos a futuro”. Y es que así es, la industria minera del carbón sobrevive en medio de la incertidumbre. Son una especie de explor dores avanzando por arenas movedizas, acostumbrados a enfrentar todos los tiempos y todas las vacas. Ahora, estos últimos años han sido excepcionalmente retadores. Han asumido precios incluso por debajo de los USD$33 dólares americanos, lo que genera una producción a pérdida, indeseable para cualquiera.

 

Ejemplo de que estamos desde hace un par de años ya en las vacas flacas, es el cierre de las Minas la Jagua y Calenturitas del Grupo Prodeco. Increíble, pero cierto. Este explorador se enterró en las arenas movedizas colombianas. Un simple No Earn, No Game que dejará a una región del país 100% dependiente de este combustible fósil sumida en la mayor incertidumbre de todos sus tiempos. Y si miramos hacia al centro del país y la región norte santandereana, la historia es muy similar.

 

Y entonces, en esta dura navegada que actualmente el sector enfrenta, el Gobierno vuelve y saca su eterna propuesta de gravar el consumo de este mineral, pero esta vez, a como dé lugar: La propuesta se incluirá en la próxima ley de reforma tributaria que pretende gravar con un impuesto de USD$5 por tonelada de CO2 que equivale a $46.000 por tonelada de carbón. Esto implicará que el precio interno del carbón que aproximadamente se encuentra en $140.000 pesos por tonelada, tenga un sobrecosto del 33% por tonelada comercializada en el país.

 

Que no es con el fin de recaudar dinero para su evidente déficit fiscal, dicen. Que su único interés es contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente, dicen. Pero lo cierto es que el impacto que este impuesto tendrá sobre la industria minera más importante del país será fulminante. Al respecto, Fenalcarbón ha hecho una gran labor exponiendo los impactos sociales que tendrá esta reforma tributaria no sólo sobre el sector productor del carbón, sino sobre la industria nacional en general. Para ello, es altamente recomendable ver el webinar organizado recientemente por Fenalcarbón en donde se discutió ampliamente y con expositores de lujo este asunto:

No hay que olvidar que la industria del carbón genera 35 mil empleos legales directos y 125 mil indirectos, 90% de la pequeña y mediana minería es netamente industria nacional, representa el 27% de las exportaciones nacionales y 40 municipios del país, literalmente, viven de este combustible 1.

 

Y a este fatídico desenlace, no se puede dejar de mencionar los importantes impactos que tendrá este impuesto en el costo de generación de la energía eléctrica y su correspondiente alza en los precios de este servicio público en las empresas y en los hogares, los que finalmente, pagamos todos. De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, el precio de la electricidad aumentará entre COP$15 y COP$20 por kilovatio hora (KW/h).

 

Entonces, es curioso, bien curioso, que conociendo la ANM los retos que enfrenta el sector carbonero, el cual equivale al 2% del PIB del país, y aproximadamente el 10% del PIB para departamentos como Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca y Santander, el Ministerio de Hacienda esté insistiendo tan fuertemente en gravarlo para el consumo nacional.

 

Esperemos que en esta semana santa de reflexión, voces más sensatas hayan llegado hasta el Ministerio de Hacienda y se reconsidere esta propuesta fiscal que parece generar más impactos negativos que beneficios positivos para la competitividad del país.

1 Indicadores tomados de Fenalcarbón.

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Daniela Vergel R.
Daniela Vergel R.

Abogada experta en Minería y Resolución de Conflictos. Ha asesorado a diferentes empresas del sector minero en la administración de los títulos mineros, trámites ante la ANM, defensa ante las corporaciones autónomas, imposición de servidumbres, contratación de bienes y servicios para la exploración y explotación minera, entre otros.

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